lunes, 18 de mayo de 2009

Leyes de Desarrollo Social

La legislación mexicana sobre desarrollo social es muy reciente. La primera ley que regula, coordina y define los criterios de la política social es la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de mayo de 2000. Actualmente, siete estados de la República cuentan con una ley de desarrollo social: el Distrito Federal, Durango, Guerrero, el Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El 24 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social que, como su nombre lo indica, es de observancia general en todo el territorio nacional. El artículo 1 de la Ley establece la creación de una Política Nacional de Desarrollo Social y de un Sistema Nacional de Desarrollo Social. En su fracción IV, este artículo señala que la ley tiene por objeto “determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del gobierno federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.” En el capítulo II de la Ley, artículos del 39 al 46, se establecen las competencias de los diferentes niveles de gobierno.

Por otro lado, Aguascalientes cuenta con un Convenio de Desarrollo Social entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal firmado en 1998 y Chihuahua cuenta con un Reglamento para la Operación de Programas de Fomento Social que data de 1997. En el 2003 se aprobó en Nuevo León la Ley del Consejo de Desarrollo Social, el cual es un organismo público descentralizado encargado de “planear, ejecutar y evaluar las acciones en materia de desarrollo social en el Estado, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León, principalmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación y brindarles la oportunidad de llevar una vida digna.”

En Baja California existe la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California, que en su parte sustantiva se refiere a la actividad de las organizaciones no gubernamentales en este campo. En este mismo sentido, puede mencionarse la Ley de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social para el Estado de San Luis Potosí.

En relación a las comisiones legislativas para atender los asuntos relacionados con el desarrollo social, 18 congresos estatales cuentan con una Comisión de Desarrollo Social, tres de las cuales comparten la responsabilidad de atender otros asuntos: en Nuevo León funciona la Comisión de Desarrollo Social y Desarrollo Humano, en Querétaro la Comisión de Desarrollo Humano y Vivienda y en Quintana Roo la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo Social. El resto de los congresos estatales no tienen una comisión específica de desarrollo social.
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf

Desarrollo Social

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.

Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”.

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como “los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.” Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.

En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional, tal es el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria en el artículo tercero constitucional en 1992. Actualmente, la discusión se centra sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

Las mediciones tradicionales de desarrollo consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, el nivel de industrialización, entre otras. En el enfoque propuesto por Sen existen cinco tipos distintos de libertades: “1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora”. Los factores considerados por las mediciones tradicionales son algunos de los medios para lograr estas libertades.

Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados.

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Diagnóstico Social

El sentido de diagnóstico en [[Trabajo Social o servicio social]] está directamente relacionado con el concepto mismo de Trabajo Social que se ha ido reformulando históricamente. El diagnóstico es la opinión del trabajador social sobre el problema representado por el cliente, sea un individuo, un grupo o una comunidad. Se trata de una hipótesis que sugiere un tratamiento. El diagnóstico determina el tipo de intervención más adecuado para modificar las situaciones que se presentan y que son susceptibles de mejoría. Lleva consigo la descripción del individuo y su situación y tiende a establecer relaciones causa-efecto.


La elaboración de un diagnóstico se basa siempre en un estudio o recogida de datos, que relacionados, permite llegar a una síntesis e interpretación. En el terreno de las relaciones personales y sociales, el profesional que recoge la información escucha, observa, descubre, relaciona e interpreta, no basándose solamente en los datos sino en el efecto que producen en la persona.


M. Colomer define el diagnóstico “el procedimiento utilizado por los trabajadores sociales, por el cual se hace un juicio interpretativo de una situación personal o de grupo, y establece una jerarquización de las necesidades según su naturaleza y magnitud, para encontrar la hipótesis de trabajo e intervención profesional como base de una acción programada que responde eficazmente a las necesidades”.


Otro autores lo definen como “un proceso de aproximaciones sucesivas que, partiendo de la relación entre teoría y práctica, proporciona un conocimiento de la realidad concreta que permite identificar carencias, necesidades, problemas, aspiraciones y la magnitud de las mismas, su génesis y cómo se manifiestan, así como su priorización.


En el Trabajo Social, los problemas son definidos y clasificados con referencia, unas veces, al factor desencadenante del conflicto que aparece como principal y que determina la acción prioritaria (económico, vivienda, salud…) y otras, por una causa que introduce una serie de dificultades en la situación que el cliente presenta (alcoholismo…). El diagnóstico también presenta una cierta dirección unilateral, ya que se elabora desde un servicio concreto que sólo podrá prestar atención a una parte del problema que presenta el cliente.


El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación en que se demanda la intervención del trabajador social.


FINALIDAD


No puede desvincularse la finalidad del diagnóstico con la finalidad de la profesión y del método, en cuanto a procedimiento utilizado para modificar la situación social. La finalidad del diagnóstico es aportar los elementos suficientes y necesarios para la explicación de la realidad social de cara a la acción y transformación de las situaciones – problemas que presentan individuos, grupos y comunidades.


El diagnóstico social debe señalar los núcleos de intervención sobre los que se va a actuar susceptibles de modificaciones, y que precisan de una actuación profesional programada para su transformación. En síntesis, lo que se propone para la realización del diagnóstico es que, utilizando los conocimientos ya adquiridos y la experiencia práctica, se llegue a una visión de los problemas, su naturaleza, su magnitud y, de esta manera, poder plantear una acción adecuada y asegurar la eficacia y racionalidad de la acción.